El exministro de Minería Luis Alberto Echazú fue aprehendido este lunes, acusado por la comisión de presuntas irregularidades en la planta de litio del salar de Uyuni.
El pasado 18 de abril, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la Procuraduría General del Estado denunciaron a 10 exfuncionarios por contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, entre otros, reportó Urgente.bo.
El procurador César Siles indicó que la demanda consta de más de 4.000 hojas. Y uno de los implicados es precisamente el exministro Echazú.
Echazú ejerció como ministro de Minería en el Gobierno de Evo Morales y gerente nacional de Recursos Evaporíticos.El exministro fue aprehendido dentro de la investigación que se sigue por presuntas irregularidades en la construcción de 18 piscinas industriales de evaporación en el Complejo Industrial de litio, que ocasionaron un daño económico de Bs 425 millones.
Horas después de ser aprehendido, Echazú cuestionó al Gobierno por la presunta paralización del proyecto de industrialización del litio en el país.
“El Gobierno quiere ocultar tres años y medio de paralización del proyecto (del litio)”, dijo el exfuncionario.
Carlos Echazú, sobrino del exfuncionario, denunció que la detención fue sin previa citación, sin que la familia supiera donde lo estaban llevando e incluso consideró que tuvo las características de una “vendetta” y un “secuestro”.
Junto al exejecutivo se encuentran implicados otros nueve exfuncionarios, entre exdirectores y exsupervisores, que formaron parte del proceso de adquisición de las geomembranas de las piscinas.
En la denuncia se señala que las geomembranas de PVC de las piscinas, que se utilizan en la impermeabilización, no cumplen el espesor estándar, que según el contrato debía ser de (0.75 mm), sin embargo, se adquirió una de menor espesor (0.50 mm).
La presidenta de YLB, Karla Calderón, informó que una auditoría identificó varios factores relacionados al incumplimiento de las especificaciones técnicas en la adquisición de las geomembranas.
Debido a esa situación, aseguró que las piscinas sufrieron un deterioro y se encuentran inoperables ante la exposición solar. En el caso se identificaron cuatro tipos penales: incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de contrato.
Calderón atribuyó además el retraso en la industrialización del litio a las correcciones que demandó “las condiciones lamentables” y las fallas de diseño encontradas en la construcción de la Planta Industrial de Carbonato de Litio.
